Martín Valeriano, presidente de Anitra, reiteró que el problema de las extorsiones en contra de su gremio persiste y evalúan acciones futuras
El acatamiento de un posible paro de transportistas para este 3 de octubre quedó descartado, pero no el malestar de los integrantes de este gremio por las extorsiones. Su negativa a paralizar pasado mañana no quita que puedan hacerlo a nivel nacional en el transcurso de la otra semana, en caso no vean voluntad del Ejecutivo y el Legislativo.
Así lo precisó Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integridad de Transportistas (Anitra), gremio que agrupa a más de 53 empresas que ya acordaron no paralizar su servicio este jueves.
“Se ha acordado no acatar y no ir al paro. En ningún momento, hemos salido en algún medio a anunciar esa decisión, pero entendemos a algunos compañeros que están preocupados por lo que sucediendo y a título personal ven la posibilidad de tomar una medida de fuerza, pero nosotros no”, aclaró Valeriano en RPP Noticias.
“Nosotros somos 53 empresas, pero ya conformamos mucho más dado que estamos en Lima y Callao. Ahora también estamos invitando a todos los hermanos a nivel nacional para formar una sola plataforma”, agregó.
En ese sentido, Valeriano mencionó que los dirigentes de transporte tienen un compromiso con la ciudadanía, “porque es una cuestión de vida, tenemos que tomar decisiones por la derogatoria de esta ley y exigimos al Congreso de la República que lo haga, porque perjudica mucho a la seguridad ciudadana”.
La norma mencionada por el dirigente es la Ley n.° 32108,que cambió la definición de crimen organizado y estableció que para los allanamientos debe estar el abogado del imputado.
Valeriano también informó que, tras sostener anoche una reunión con los gremios de Lima y Callao, el resultado fue el acuerdo de tres puntos importantes.
“El primer punto es la conformación de un comité de transporte a nivel nacional para fortalecer y trabajar en conjunto. Lo segundo es exigir al Congreso la derogatoria de Ley n.° 32108 que da pie a las organizaciones criminales y tercero de hacer caso omiso a nuestros pedidos tomaremos acciones de un paro nacional”, refirió.
En la víspera, en contacto con Infobae Perú, el dirigente señaló: “No hay paro. Se acordó de forma unánime en la reunión de las bases que no va ha haber paro. Primero, se exigirá al gobierno que derogue la Ley 32108, de no hacerlo, recién iremos al paro nacional”.
En relación al tiempo concedido a las autoridades para responder a su demanda, el portavoz del gremio mencionó que en los próximos días se llevarán a cabo nuevas reuniones para determinar la duración del plazo que se les otorgará.
A debate la derogación
El pasado 30 de septiembre, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, anunció que plantearía ante la Junta de Portavoces modificar o derogar Ley 32108, la cual ha sido señalada como la responsable de impedir la labor fiscal y favorecer a los investigados.
Expertos consultados por este medio coincidieron que, si se la analiza detenidamente, se concluirá que dicha norma “es un peligro”.
El abogado penalista Mario Amoretti, exdecano del Colegio de Abogados de Lima, manifestó: “Ha sido creada para favorecer a personajes políticos como Waldemar, Vladimir Cerrón y la misma presidenta Dina Boluarte”.
Aseguró que debe retornar a su estado previo, pues la exclusión de delitos como negociación incompatible, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, favorece, sobre todo, a delincuentes de saco y corbata. No obstante, aclaró que “no tiene ninguna relación con las extorsiones”.
Acerca de los allanamientos, reconoció que si bien no se precisa que el investigado debe ser notificado previamente, al momento de esperar la presencia de su abogado, tiene tiempo de ocultar material incriminatorio.
“La Fiscalía llega a la vivienda y notifica de la orden de allanamiento. Sin embargo, no puede entrar hasta que se apersone su abogado, así que, en ese lapso, tiene tiempo de eliminar ciertas pruebas”, sostuvo.
Fuente: Infobae
