La Fiscalía de la Nación informó que se ha tomado conocimiento que el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América concedió la extradición del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) por los delitos de colusión y lavado de activos.
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En agosto del 2020, el fiscal José Domingo Pérez solicitó 20 años y 6 meses de prisión para el otrora líder de Perú Posible por el caso de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica. Allí se le atribuye haber solicitado sobornos por más de US$ 30 millones a Odebrecht por esa concesión y, como en el tramo 4, se le acusa por colusión y lavado de activos.
Por ambos casos, Alejandro Toledo ya tiene órdenes de prisión preventiva dictadas por la justicia peruana. Estas llevaron a que se le inicié dos procesos de extradición de los Estados Unidos, donde está desde el 2017.
La fiscalía dijo en un mensaje por Twitter que la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones del Ministerio Público ya realiza los trámites con las autoridades nacionales y extranjeras “para la próxima ejecución de su extradición” del exmandatario, que permanece en Estados Unidos desde su arresto allí en 2019.
El jefe de la oficina de extradiciones de la fiscalía, Alfredo Rebaza, declaró en la cadena de TV Canal N que no hay un plazo establecido para la llegada de Toledo a Perú, pero indicó que “no sería tanto como meses”
Detenido en 2019
Toledo, de 76 años, fue detenido en Estados Unidos en julio de 2019 tras una solicitud formal de Perú para su extradición.
El exmandatario niega haber pedido o recibido sobornos cuando era presidente.
Tras lograr su libertad bajo fianza en 2020, Toledo fijó su residencia en California y vivó allí al menos hasta agosto del año pasado.
Ese mismo mes, el Departamento de Justicia estadounidense comunicó que ese país devolvería US$686.000 incautados a Toledo. Y fiscales de Brooklyn señalaron que Toledo utilizó parte del dinero para comprar en Maryland una casa que vendió después.
Toledo no es el único expresidente peruano implicado en casos de corrupción ni procesado por presuntamente recibir pagos ilícitos de Odebrecht.
Pedro Pablo Kuzcynski permaneció en arresto domiciliario acusado de soborno, mientras que Alan García se suicidó poco antes de ser arrestado en el marco de una investigación sobre el caso.