En Áncash se supervisaron a 10 municipalidades
Se contó con la participación de los Monitores Ciudadanos de Control
Durante un operativo para supervisar el funcionamiento y mantenimiento de las cámaras de videovigilancia instaladas por las municipalidades a nivel nacional, la Contraloría General de la República identificó que de un total de 6468 cámaras verificadas, el 29% (1907) se encontraban inoperativas, lo que podría afectar el monitoreo permanente que deben realizar los gobiernos locales para brindar el servicio de seguridad ciudadana a la población.
La entidad fiscalizadora desarrolló del 17 de setiembre al 25 de noviembre de 2021, con el apoyo de los Monitores Ciudadanos, 161 servicios de control en igual número de municipalidades de las regiones de Amazonas (4), Áncash (10), Apurímac (7), Arequipa (8), Ayacucho (4), El Callao (4), Cajamarca (4), Cusco (9), Huancavelica (5), Huánuco (5), Ica (8), Junín (8), y La Libertad (10). Asimismo, en Lambayeque (8), Lima Metropolitana (15), Lima Provincias (8), Loreto (2), Moquegua (3), Pasco (4), Piura (9), Puno (6), San Martín (4), Tacna (7), Tumbes (6) y Ucayali (3).
En Áncash, la Contraloría alertó que, en las Municipalidades provinciales de Casma, Santa, Huaraz, Carhuaz y Yungay; así como las comunas distritales de Independencia, Nuevo Chimbote y Cátac registran cámaras de videovigilancia inoperativas y en algunos casos no almacenan las imágenes por el plazo de 45 días que establece la normativa vigente.
La situación descrita estaría vulnerando el Reglamento de la Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que establece que los gobiernos locales y regionales están obligados a implementar y garantizar el funcionamiento del sistema de videovigilancia, radiocomunicación y telecomunicaciones para la seguridad ciudadana en vías y espacios públicos de sus respectivas jurisdicciones.
Almacenamiento de grabaciones
Otro hecho advertido por las comisiones de control fue que las grabaciones de las videocámaras no se almacenan por el plazo mínimo de 45 días, como establece la ley. De esta manera, se verificó que de 148 municipios con cámaras en funcionamiento (4561 cámaras), 115 gobiernos locales (3336 cámaras) no cumplían con el plazo mencionado, es decir, el 78%, lo que podría afectar el acceso a las grabaciones por parte de la ciudadanía y las entidades competentes.
Con el incumplimiento del plazo de almacenamiento de las grabaciones, los gobiernos locales vulneran el Reglamento del Decreto Legislativo N°1218, el cual regula el uso de las cámaras de videovigilancia, y la Ley 20120 de apoyo a la seguridad ciudadana.
Los informes con los resultados de las visitas de control fueron notificados a los titulares de los gobiernos locales correspondientes, con la finalidad que adopten las acciones pertinentes que permitan superar los hechos identificados.
