Las medidas están correctamente financiadas y no ocasionarán un impacto negativo de envergadura en las finanzas del país, pues existe el espacio suficiente para implementarlas sin perjudicar la caja fiscal.
La protección de las familias peruanas más vulnerables ante el encarecimiento coyuntural del costo de la canasta básica es una de las prioridades del gobierno que encabeza el presidente Pedro Castillo Terrones.
Con esa finalidad, se aprobó en las últimas semanas un conjunto de medidas extraordinarias orientadas a ofrecer un respaldo económico a este sector de nuestra población afectada por la subida del precio de los principales productos de pan llevar, como los fideos, la carne, los huevos, el azúcar y el maíz, entre otros, así como el del petróleo y la gasolina.
Entre las disposiciones recientes se encuentran la presentación del proyecto de ley que plantea exonerar del pago del impuesto general a las ventas (IGV) a los mencionados artículos alimenticios, a fin de prevenir su mayor encarecimiento.
Se dispuso, además, aumentar el vale de descuento del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) de 20 a 25 soles para la adquisición de balones de gas más baratos, en beneficio de más de tres millones de personas.
Con ese mismo objetivo, el Ministerio de Inclusión Social (Midis) confirmó ayer que el Poder Ejecutivo entregará una subvención extraordinaria a los usuarios de los programas Juntos, Pensión 65 y Contigo, así como un total de 700,000 canastas con productos de primera necesidad a la población organizada en las ollas comunes y comedores populares.
Las disposiciones reseñadas exigen no solo un significativo despliegue presupuestal al Estado, sino también representan un esfuerzo fiscal considerable, dado que se dejará de recaudar ingresos de forma temporal por la exoneración del cobro de impuestos a algunos productos alimenticios.
Pese a esa situación, es destacable que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) haya precisado que las medidas están correctamente financiadas y que no ocasionarán un impacto negativo de envergadura en las finanzas del país, pues existe el espacio suficiente para implementarlas sin perjudicar la caja fiscal.
Al margen del esfuerzo económico demandado, se justifica plenamente la intervención del Gobierno en socorro de nuestros compatriotas afectados por el encarecimiento del costo de vida. No obstante, el desafío de protegerlos requiere la participación de todos los sectores, especialmente de los poderes del Estado, como el Congreso de la República, dado que algunas de las disposiciones requieren rango de ley para entrar en vigencia.
Por lo tanto, es urgente dejar de lado las discrepancias políticas e impulsar un trabajo coordinado en aras de aprobar sin pérdida de tiempo normas que protegerán a los hogares más pobres del país de las fluctuaciones de los precios internacionales.
De ese modo, la población sabrá que las autoridades trabajan por el bien común y ello contribuirá, además, a distender el clima de conflictividad social que vivimos en estos días.
