Institución realizó con éxito III Congreso Nacional e Internacional de Acceso a la Justicia para la referida población vulnerable.
Desde el pasado 11 de octubre, el Poder Judicial ha desplegado en 33 cortes superiores del país el Sistema de Alerta Judicial para las Personas con Discapacidad, el cual permitirá advertir a las juezas y jueces sobre procesos judiciales en los que participan, ya sea de manera directa o indirecta, integrantes de esta población vulnerable.
Solo están pendientes los despliegues en la Corte Superior de Lima, previstos para la cuarta semana del presente mes; la Corte Penal Nacional de Justicia Especializada (segunda semana de noviembre), y la Corte Suprema (cuarta semana de noviembre).
Esta información fue dada a conocer durante el Tercer Congreso Nacional e Internacional de Acceso a la Justicia para Personas con Discapacidad, que organiza la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad del Poder Judicial, que preside la jueza suprema Janet Tello Gilardi.
La magistrada sostuvo que la referida alerta garantizará más celeridad en los procesos y agregó que su implementación estaba prevista en el Protocolo de Atención Judicial para Personas con Discapacidad (PCD), el cual impulsó la comisión a su cargo.
Perú, ejemplo magnífico
Tello Gilardi señaló que el protocolo es producto de la adecuación del modelo social que impulsa la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con la aplicación de un enfoque de derechos humanos e interseccionalidad.
Destacó asimismo las innovaciones de nuestro Código Civil que reconoce y regula la capacidad jurídica de las PCD en igualdad de condiciones, así como la eliminación de la interdicción para transformarla en un proceso notarial o judicial a fin de establecer salvaguardias.
Cabe mencionar que la vicepresidenta del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, la mexicana Amalia Gamio Ríos, sostuvo que Perú es un “orgullo” y un “ejemplo magnífico” para Latinoamérica por su armonización legislativa con la Convención.
“Otros países aún no han entendido que el enfoque de derechos humanos implica un cambio de paradigmas que significa igualdad a la justicia y garantizar el acceso a ella”, señaló.
Por su parte, al exponer el tema “La discapacidad en el marco de la Convención”, la especialista chilena, María Soledad Cisternas Reyes, enviada especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre Discapacidad y Accesibilidad, sostuvo que era admiradora de la reforma peruana en la materia.
En su ponencia, Cisternas Reyes explicó los diferentes enfoques respecto a las PCD, desde el ‘modelo caritativo y de beneficiencia’, vigente hasta antes de la Primera Guerra Mundial, hasta el ‘modelo médico y asistencialista’, así como el ‘modelo social’, desde 1993 hacia adelante.
Altas autoridades
Durante el certamen, la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma Narváez, destacó el cambio de paradigma que significa el modelo social sobre que las PCD gozan de capacidad plena para ejercer sus derechos en igualdad de condiciones.
“Las juezas y jueces tienen la tarea pendiente para consolidar la erradicación plena de la interdicción en nuestro ordenamiento jurídico a través de invalidar lo inconstitucional e inconvencional”, subrayó.
Por su parte, la titular de la Junta Nacional de Justicia, Inés Tello de Ñecco, señaló que corresponde a los operadores del Poder Judicial y el Ministerio Público trabajar por un mejor acceso a la justicia de las PCD acorde a los cambios positivos que muestran un lado más humano del derecho.
A su turno, la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado, quien inauguró el certamen, resaltó que la institución que preside tiene un “compromiso serio” con las PCD.
Durante el congreso también fueron tratados temas como el ajuste de procedimientos en los procesos judiciales para personas con discapacidad, la participación judicial de estas, la revisión de medidas de internamiento y las medidas de seguridad en el marco jurídico peruano.
